Represión política y criminalización de los jóvenes en el movimiento estudiantil

El problema psico-social que hemos elegido para la realización de nuestro trabajo se basa en la “Represión política y criminalización de los jóvenes en el movimiento estudiantil”.

Esta represión y criminalización la vemos reflejada en prácticas que se llevan a cabo para coartar una manifestación que es legítima, afectando e impactando directamente en las creencias, valores e ideales de los estudiantes, tanto secundarios como universitarios y que en este trabajo particularmente, los consideraremos, en su conjunto, como el grupo de influencia. No podemos dejar de mencionar que lo anterior también perturba a la sociedad en su conjunto, la cual hoy sale a las calles para pedir ser escuchada y construir desde abajo otra realidad.

Las acciones emanadas para frenar el movimiento estudiantil provienen de múltiples actores, aunque, más claramente, desde un conjunto de instituciones que resguardan el estatus quo en política educativa en primera instancia, y, de forma “secundaria”, como eje estratégico de la reproducción ideológica. Podemos identificar algunas como los medios de comunicación, el empresariado, el estado (dentro de él se encuentra la Institución de Carabineros), el gobierno (junto al presidente y cada ministerio).

Es necesario tener en cuenta que el análisis se enmarca dentro de un curso de acción que llamamos represión, el cual busca “mantener un tipo de criminalidad dentro de límites que sean social y económicamente aceptables y al rededor de una media que se considere, óptima para un funcionamiento social dado” (Foucault, 1978, p. 20). Desde esta figura, debemos distinguir entre mecanismos disciplinarios y dispositivos de seguridad, el primero, desde lo permitido y lo verdadero, se traduce en lo legal o jurídico, el segundo, en el cálculo de costos entre lo optimo y lo aceptable, margen en donde se mueve la sustentabilidad del actor que lleva a cabo la acción represiva (Foucault, 1978). Lo anterior, podemos verlo expresado en las prácticas utilizadas durante el casi medio año que han durado las movilizaciones, (si bien, podemos clasificarlas según los dos ejes anteriormente expuesto, debemos esclarecer que estos son tipo ideales, por lo tanto, existe la posibilidad de que compartan ambos campos) como la modificación a la ley que ampara el orden público, criminalizando las tomas, el corte de tránsito, la capucha en la marcha, etc., los desalojos producidos tanto a Ministerios como a Colegios con diferentes formas de ingreso económico, el bloqueo de la tarjeta Junaeb, la suspensión de entrega de alimentos (minuta completa: desayuno, almuerzo y once), infiltrados en las tomas y marchas, la criminalización de la lucha a partir de la manipulación de la información entregada desde los medios de comunicación de masa más “tradicionales”, de la mano de lo anterior, se encuentra la campaña realizada por los mismos para que el propio ciudadano asistente a la manifestación reprima a otro que se manifiesta, para que frenaran los actos “vandálicos”, la mesa de diálogo que se intento levantar últimamente, entre otras.